El pasado 11 de mayo había poca gente en las tribunas de la Cámara Alta. La atención nacional estaba centrada en HidroAysén y en las protestas posteriores a su polémica aprobación. Nadie miraba al Senado, que aquel día dio luz verde -previo visado de las Comisiones de Agricultura y de Relaciones Exteriores- al acuerdo sobre el “Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV 91)”. Fue una votación que pasó casi desapercibida, tanto por su complejo nombre, como por el poco ruido en las gradas y en la prensa. Y a muchos les convenía que así fuera.
Pero ¿en qué consiste la "protección de las obtenciones vegetales"? En palabras simples, se trata de establecer el registro y la propiedad intelectual sobre nuevas especies vegetales y semillas. Es decir, -y he aquí uno de sus puntos más polémicos- abre la puerta a modificaciones genéticas y, por ende, a la creación de transgénicos, a la vez que adscribe a Chile a las normativas internacionales de la UPOV.
Pero para sus opositores, hay una arista aún más cuestionable y es que -según ellos- la iniciativa transgrediría la riqueza ancestral del país al prohibir que agricultores -sobre todo los pequeños y medianos- reproduzcan, guarden e intercambien semillas o variedades vegetales en total libertad ya que, como consecuencia de esta nueva norma, ahora pasarían a ser propiedad de empresas o particulares registradas ante el Ministerio de Agricultura. Es decir, las semillas comenzarían a tener dueño con toda la complejidad económica y legal que ello implica.
Las gestiones que en el Congreso encabezó de manera visible Erik Von Baer, padre de la ministra secretaria general de Gobierno, Ena Von Baer, y dueño de la conocida empresa "Semillas Baer".
Apoyados por los personeros de gobierno Alberto Espina (RN), Juan Antonio Coloma (UDI y Carlos Larraín (RN).
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